El jueves 11 de abril, el piso 16 del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue el escenario para la presentación del Proyecto de Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos de Feminicidio, acto en  el que el Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la ALP y la Comisión de la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia —de la que es parte la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a través del Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la carrera de Trabajo Social (IIISP-TS)— hicieron pública esta iniciativa.

El IIISP-TS, desde su creación hace 11 años, publicó estudios sobre violencia de género, trata y tráfico de personas, crisis migratoria, autonomías indígenas, inclusión de personas con discapacidad, entre otros. Además, en su rol como integrante de la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia, llevó a cabo la investigación “Las otras víctimas del feminicidio, se olvidaron de mí”.

Más de 60 instituciones impulsaron esta propuesta. “Todo esto ha sido recogido gracias a investigaciones, a instituciones como la UMSA, que nos ha brindado libros enteros de cómo es la realidad, escuchando la necesidad de estas familias”, señaló Mercedes Cortez, representante de la Fundación Voces Libres.

La propuesta de ley contempla un bono del 20% del salario mínimo nacional, un plan de educación con ingreso gratuito a las universidades públicas y convenio con las privadas, cobertura de salud del 100% para gastos médicos, plan de vivienda y la creación de equipos multidisciplinarios móviles conformado por psicólogos y trabajadoras sociales para el seguimiento permanente de las víctimas, detalló la diputada Pamela Alurralde.